“El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” dicen Marx y Engels en el “Manifiesto Comunista”. Para quienes seguimos encontrando en el marxismo un prisma a través del cual leer el mundo esta frase es mucho más que la proclama de un manifiesto.
El 2012 nos encuentra discutiendo y parados en carriles que hacen cobrar vigencia a tales planteos y nos permiten profundizar la reflexión en torno a la impunidad del capital y el rol del Estado capitalista, su brazo largo, garante, y en última instancia siempre represivo.
En medio de las discusiones sobre la minería a cielo abierto, el modelo de desarrollo y el rol del Estado, se abre en Tandil, luego de muchos años de lucha por parte de las organizaciones de DDHH, una etapa histórica reflejo inmediato de una coyuntura de enjuiciamiento a los culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar en nuestro país.
Leer el pasado para interpretar el presente y proyectar el futuro es una frase por demás trillada pero es también un ejercicio historiográfico y reflexivo oportuno.
Están sentados en banquillo, desde el 9 de febrero en Tandil, 2 civiles (Emilio y Julio Méndez) y tres militares (Pappalardo, Tomassi y Ojeda) acusados del secuestro y asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, defensor de los trabajadores de la empresa minera Loma Negra, de dicha ciudad, nucleados en el sindicato A.O.M.A.
Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 a pocos metros de su casa, en Olavarría, y permaneció en cautiverio en una quinta de los hermanos Emilio y Julio Méndez, en Tandil, donde se cree que fue fusilado. Del juicio, que se realiza en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), participarán 70 testigos.
Resquebrajamiento de los dedos, temblequeo permanente en las manos, insuficiencia respiratoria, entre otros síntomas, eran compartidos por muchos de los trabajadores de Loma Negra, la empresa cementera propiedad de Amalia Fortabat, trabajadores que morían antes de jubilarse. Los afectaba la silicosis que Moreno pudo detectar y luego de varios fallos favorables que indicaron que la fábrica debía hacer modificaciones de seguridad e higiene laboral, reducir carga horaria e indemnizar a familiares de fallecidos, fue secuestrado y asesinado por miembros de aquella junta que administra los intereses de toda la burguesía a decir de Marx y Engels.
El modelo que se implementaría en aquellos años a sangre y fuego y que se cobró la vida de Moreno, por resultar un obstáculo a los intereses del capital, es el mismo que aún hoy resiste a los avatares de la lucha popular en todo el país.
Eduardo Martínez ex titular del INTI, quien abandonó el puesto sumergido en diferencias profundas con la ministra Debora Giorgi, recordaba en una entrevista realizada el sábado 4 de febrero por Eduardo Aliverti que el Instituto Geográfico Nacional comenzó a fines de los 70 y inicios de los 80 con un mapeo y relevamiento de los recursos mineros, información que se encuentra a disposición de diversos inversores en pos del “desarrollo minero nacional” en un país donde de las 51 megamineras instaladas 49 son extranjeras.
Aquel Estado autoritario y genocida comenzaba con las tareas necesarias de entrega de los recursos estratégicos al capital nacional e internacional.
Nuestro país aún hoy no cuenta con una ley minera acorde a las defensa de los recursos estratégicos, de los trabajadores, de la naturaleza, de la vida. Una ley que prohíba por ejemplo la minería a cielo abierto o el uso de cianuro en el proceso de extracción de minerales como el oro.
La causa que llevó a Moreno a la muerte, la defensa de la vida, es la misma que hoy levanta a miles en contra de la minería a cielo abierto.
La silicosis detectada por Moreno en los trabajadores de la cementera Loma Negra y el cianuro que la Barrick Gold o la empresa canadiense Osisko vierte a nuestras napas tienen el mismo patrón genético, nacieron del mismo embrión: la reproducción del capital y la anuencia del Estado.
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